Resumen de la comparecencia de Alberto Lara sobre la planta de residuos
El alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, defendió durante una comparecencia pública la legalidad y viabilidad ambiental de la planta de tratamiento de residuos líquidos promovida por Ecovalor Soluciones. Estuvo acompañado por un ingeniero de la empresa y por el arquitecto municipal, quienes explicaron la tramitación y el funcionamiento previsto de la instalación.
Lara afirmó que el expediente comenzó hace más de año y medio y cuenta con informes de diferentes organismos de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. También indicó que se celebraron dos periodos de información pública, sin que se presentaran alegaciones. Citó el informe ambiental publicado en octubre de 2025, según el cual el proyecto no tendría efectos ambientales significativos y no necesitaría someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La empresa explicó que la planta tendrá capacidad para tratar hasta 75.000 toneladas anuales de residuos líquidos, principalmente lixiviados procedentes de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos. El proceso utilizará sistemas físico-químicos, ultrafiltración y ósmosis inversa para obtener agua regenerada destinada al riego y al funcionamiento interno. El residuo sólido resultante será enviado a un gestor autorizado. Sus responsables insistieron en que no se trata de una planta de biogás o biometano.
Respecto a la procedencia, la empresa manifestó que priorizará los residuos generados en Castilla-La Mancha, aunque reconoció que el excedente de capacidad podría cubrirse con residuos de territorios próximos, especialmente de la Comunidad de Madrid.
Sobre los beneficios para Pedro Muñoz, Lara señaló que la planta generará inicialmente entre cuatro y cinco empleos, con el compromiso de contratar a vecinos del municipio, además de puestos vinculados a los cultivos de las parcelas próximas. Añadió que el Ayuntamiento obtendrá ingresos por el impuesto de construcciones, el canon urbanístico y el futuro IBI de la instalación.
En relación con el comienzo de las obras, el alcalde sostuvo que la empresa había solicitado y obtenido autorización para realizar exclusivamente movimientos de tierra antes de recibir la licencia completa. Explicó que la licencia definitiva se concedió posteriormente mediante decreto de Alcaldía por razones organizativas y defendió que este procedimiento es legal y cuenta con numerosos precedentes municipales.
Lara aseguró que, con los informes favorables existentes, el Ayuntamiento no disponía de margen legal para rechazar la instalación y que hacerlo podría haber dado lugar a reclamaciones judiciales e incluso a posibles responsabilidades por prevaricación.
Dudas que permanecen abiertas
La comparecencia ofreció información técnica y administrativa, pero no disipó todas las preocupaciones planteadas por vecinos y oposición:
- La instalación no podrá tratar los residuos habituales de las cooperativas y bodegas locales.
- Aunque se prioricen los residuos regionales, se admitió que podrán llegar desde otras comunidades.
- Los cuatro o cinco empleos iniciales se consideran escasos frente a la dimensión de la instalación y sus posibles efectos.
- Persisten las dudas sobre el tráfico de camiones, el deterioro de caminos y los itinerarios concretos.
- Los vecinos cuestionaron los riesgos de olores, filtraciones, insectos y molestias, pese a los informes favorables.
- Quedó pendiente conocer con precisión el volumen de residuos almacenado en cada momento y las medidas de respuesta ante accidentes.
- La explicación sobre la autorización inicial de los movimientos de tierra debería acreditarse mediante el correspondiente documento administrativo.
- Tampoco quedó plenamente aclarado por qué no se informó a la ciudadanía antes de que el proyecto alcanzara una fase tan avanzada.
En síntesis, Lara basó su defensa en la legalidad del procedimiento y en los informes técnicos favorables. Sin embargo, buena parte de las dudas ciudadanas no se refiere únicamente a si la planta puede autorizarse legalmente, sino a si resulta conveniente para Pedro Muñoz y si sus beneficios compensan los riesgos y cargas que asumirá el municipio.